Valencia, tercera ciudad española más habitada y con más PIB de nuestro país (entre Barcelona y Bilbao en la clasificación nacional y en el puesto 206 del mundo) se resiste a ser una de las impulsoras de la movilidad sostenible.
Con un clima suave, una orografía prácticamente plana y un desarrollo urbanístico muy intenso en los últimos veinte años -lo que da como resultado grandes avenidas y espacios públicos-,) esta ciudad del Mediterráneo cuenta con excelentes motivos para posicionarse como líder en soluciones de movilidad sostenibles. Sin embargo, lejos de ello, Valencia sigue a la cola en infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico, concienciación social y por ende, en penetración de nuevas soluciones de movilidad personal. Aunque algunas iniciativas empresariales importantes han nacido aquí (Movus, LugEnergy, E-lloc, AVVE), la administración autonómica y local están desaparecidas en combate. La primera, por incapacidad económica (la Agencia Valenciana de la Energía carece de dotación presupuestaria y está a punto de desaparecer como organismo), y la segunda por desidia.
Como bien sabéis, el único punto de recarga para vehículos eléctricos totalmente público que existía en la ciudad (ubicado en la plaza del Ayuntamiento) nunca estuvo operativo y fue retirado poco antes del verano. La nula inversión realizada en infraestructura pública de recarga no sólo no apoya el cambio hacia modelos más sostenibles de movilidad, sino que lo penaliza, me explico. Mientras el punto de recarga de la plaza del Ayuntamiento estuvo colocado, algunos usuarios se acercaron a cargar sus vehículos eléctricos, sorprendiéndose de que en un lugar tan visible no funcionara. Sin embargo, lo más chocante era cuando al volver a recoger el vehículo se encontraban una preciosa multa de la Policía Local por estacionamiento inadecuado en vía pública: espectacular. Según el consistorio, al no funcionar el punto de recarga no se consideraba un lugar exclusivo para vehículos eléctricos y administrativamente ha lugar a la sanción.
Podríamos pensar que la baja apuesta de Valencia por la movilidad eléctrica tiene un cariz económico, que la coyuntura actual de crisis económica impide desarrollar programas de inversión que tiendan a los objetivos 20.20 proyectados por la Comisión Europea. Pero no es así, esto responde sólo a la desidia, a la poca altura de miras y a la comodidad del poder. Y digo esto porque la razón es simple: el ayuntamiento de Valencia todavía no ha desarrollado la ordenanza municipal relativa a vehículos eléctricos.
En todos estos años, y con 6.289 personas a su cargo, el equipo de gobierno de Rita Barberá ha sido incapaz de sentarse a legislar sobre este tema. Esto no significa solamente que Valencia no cuente con suficiente infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, sino que la zona azul y zona naranja no pueden ser utilizadas por los usuarios de estos vehículos, ni cuentan con exenciones en el impuesto de circulación o rebaja alguna, incluso se coartan las iniciativas empresariales del sector. Un ejemplo, las empresas dedicadas a car-sharing con vehículos eléctricos no tienen permiso del ayuntamiento para establecer sus bases en la vía pública, y deben todas operar desde aparcamientos subterráneos. A parte de que esto quita visibilidad a una empresa de estas características, da la sensación de que el ayuntamiento no quiere saber nada de la movilidad eléctrica. De hecho, existe un proyecto para limitar el tráfico en todo el centro de la ciudad y peatonalizarlo. ¿No sería más que interesante limitar el tránsito de vehículos a sólo eléctricos/híbridos?
Por estas y más razones Valencia le está dando la espalda al vehículo eléctrico. Sin embargo, las administraciones públicas no pierden la oportunidad de ser contradictorias en sus actuaciones y resulta chocante que la Capital del Turia esté integrada dentro de la red española de ciudades inteligentes y cuente entre otras cosas, con una flota de 47 vehículos eléctricos para diferentes servicios. This is Spain.
