La reforma energética que impulsa el Gobierno que ha sido concretada en un Proyecto de Ley, hace imposible la viabilidad de las cooperativas eléctricas. Como bien sabéis, existen en nuestro país diversas figuras jurídicas de organización empresarial, como lo son las cooperativas. Dentro de esta clasificación, podemos encontrar las cooperativas de consumo, cuyo fin es el de satisfacer las necesidades de sus socios, como la compra conjunta de determinados productos, la prestación de servicios personales, etc., ejerciendo su derecho a organizarse para autoabastecerse de material en las mejores condiciones posibles de calidad y precio.

A tal efecto, se crearon hace más de un siglo cooperativas eléctricas que suministraban energía a todos sus socios a un precio justo, asequible. Las regiones de Comunidad Valenciana (con un 80% de las entidades de este tipo de todo el territorio nacional), Cataluña y País Vasco tienen una larga tradición de este tipo de cooperativas, cuyo objetivo ha sido el de suministrar electricidad a un precio prácticamente de coste más un porcentaje para mantenimiento de la estructura. Sin caer en la práctica ilegal denominada dumping, estas cooperativas dan un evidente servicio a las clases medias y a los entornos rurales que aunque históricamente no ha supuesto una amenaza real a las grandes compañías nunca ha sido visto con agrado por parte de las comercializadoras.

En este sentido, parece que la reforma energética vuelve a mirar más por las grandes energéticas que por los consumidores, ya que uno de los cambios que el Gobierno pretende introducir en el sistema es que estos organismos no puedan ya más distribuir electricidad.

Resulta un hecho deleznable que las grandes compañías presionen por limitar de este modo la libre competencia, pero más sorprendente es que el Gobierno se pliegue ante sus exigencias. Perseguir como delito el autoconsumo de balance neto parecía que era lo peor que podía pasar, pero esto demuestra que el ansia de control de las energéticas no tiene fin y la mediocridad del Gobierno, tampoco.

Llevamos ya cinco años de crisis y nos está pasando factura a todos. Uno de los últimos organismos de la administración pública que ha sucumbido a los recortes ha sido la AVEN (Agencia Valenciana de la Energía). La que fue precursora de uno de las primeras ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y sistemas de alimentación en el año 2007, plan que fue copiado por el Gobierno meses después.

En este último año, fuentes consultadas ya vaticinaban la caída de este organismo a manos de las estrecheces presupuestarias de la Generalitat Valenciana, y así ha sido finalmente. Aunque el decreto autonómico que eliminaba 46 empresas de carácter público en la Comunitat fue sancionado durante el pasado año, no ha sido hasta hace pocas semanas cuando la AVEN ha dejado definitivamente de ser operativa. Actualmente, es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (antes IMPIVA), quien integrará las funciones de esta agencia.

Sin embargo, como bien sabéis los lectores de Recarga Coches Eléctricos, el pasado julio este organismo publicó una serie de ayudas para la instalación de puntos de recarga y sistemas de alimentación. Curiosamente, el plazo para poder presentar la solicitudes se estipuló sólo en tres semanas, lo que hizo imposible que ninguna empresa o particular pudiera solicitarlas a tiempo. Esto sólo hace pensar que no existía realmente partida presupuestaria que respaldara esa publicación de ayudas y todo fuera simple publicidad.

Desde aquí queremos apoyar la eficiencia de los recursos públicos, pero nos planteamos si realmente estas medidas suponen un ahorro efectivo y, por otra parte, si este hecho no resulta contradictorio con la moda de las administraciones de mostrar al vehículo eléctrico como un icono de su modernismo.